Por: Yesid Reyes Alvarado

La reforma Constitucional sobre el fuero penal militar excluye de la jurisdicción castrense los crímenes de lesa humanidad y le asigna el conocimiento de aquellos contra el derecho humanitario.

A primera vista parece una reforma inocua, porque esos son básicamente los criterios que hoy se aplican en nuestro país, fruto de una decantada evolución jurisprudencial. El cambio fundamental radica en la inversión del principio general conforme al cual la Fiscalía investigaba todos los delitos en que estuviera involucrado personal de las Fuerzas Militares, a menos que encontrara evidencia de que se trataba de hechos relacionados con el servicio. A partir de ahora, y con excepción de los llamados crímenes de lesa humanidad, será la justicia penal militar la que asuma todas esas indagaciones, salvo que no tengan que ver con el cumplimiento de sus funciones.

Las colisiones de competencias que pudieran presentarse entre las dos jurisdicciones serán resueltas inicialmente por una comisión técnica de coordinación o, en una instancia posterior, por un tribunal de garantías penales entre cuyos integrantes habrá policías o militares retirados. Ese es otro importante cambio que ofrece la nueva reglamentación: se le quita al Consejo Superior de la Judicatura la facultad de dirimir esos conflictos y se le asigna a órganos de composición mixta, quizás sobre el supuesto de que los civiles no solo no tienen conocimientos suficientes para juzgar acciones de guerra, sino que tampoco los tienen para distinguir entre un acto de combate y otro fuera de él.

No es descartable que con el actual sistema se hayan cometido errores en el juzgamiento de militares, como a veces ocurre en relación con los particulares. Pero ni el número ni la magnitud de los mismos justifican una reforma constitucional que relega la justicia ordinaria a un plano secundario frente a las actuaciones de los miembros de la Fuerza Pública. Para corregir esas esporádicas equivocaciones siempre ha existido la posibilidad de recurrir a instancias superiores como la Corte Suprema de Justicia y los tribunales internacionales.

La elaboración de una lista de delitos que nunca pueden ser de conocimiento de las autoridades castrenses tampoco brinda tranquilidad, porque casos especialmente graves como los llamados “falsos positivos” o la desaparición forzada, son susceptibles de una interpretación que estará a cargo de la comisión técnica de coordinación o del tribunal de garantías penales, ambos de composición mixta. Serán ellos quienes en cada caso determinen si están frente a una “ejecución extrajudicial” que debe ser conocida por la fiscalía ordinaria, o a un homicidio agravado relacionado con el servicio; si se trata de una desaparición forzada cuyo juzgamiento corresponde a los tribunales ordinarios, o por el contrario es un secuestro o una retención ilegal que debe ser objeto de investigación por parte de la jurisdicción penal militar.

Si alguno de esos criterios fuera aplicado en casos como el de las desapariciones y “ejecuciones extrajudiciales” que se investigan en relación con la toma de Palacio de Justicia, esos procesos pasarían a la justicia penal militar.

http://www.elespectador.com/opinion/columna-393572-el-nuevo-fuero-penal-militar

Masacre de Trujillo (Valle). Dos décadas de impunidad

Por Juan Carlos Díaz

INTRODUCCIÓN

Trujillo, uno de los 42 municipios del Departamento del Valle del Cauca, ubicado al noroccidente de la Cordillera Occidental de Colombia y a 116 kilómetros de Cali, nace como producto de la colonización paisa del principio del siglo XX.

Es fundado -al parecer- por ex convictos y desmovilizados de la guerra civil de los Mil Días, que asoló al país y a Panamá (que en ese entonces era un Departamento de Colombia), entre 1899 y 1902.

Luego de que en 1930 adquiere la jurisdicción municipal, Trujillo -en donde predomina el cultivo del Café- desde el 9 de abril de 1948 hasta enero de 1980, se vio envuelto en una lucha por el poder político local que ocasionó que líderes políticos del partido conservador terminaran sacrificando las vidas de cientos de pobladores.

Esa época termina con la muerte del líder político conservador Leonardo Espinosa que posteriormente es inmortalizado en la novela del escritor y periodista Gustavo Álvarez Gardeazábal: “El Último Gamonal“.

Pero es entre los años 1986 y 1994 donde el Municipio de Trujillo, conjuntamente con las poblaciones de Bolívar y Riofrío, viven una larga cadena de crímenes de manera extrema, brutal y sanguinaria, que hoy es conocida como la “Masacre de Trujillo”.

Allí 342 personas son víctimas de homicidio, tortura, detenciones arbitrarias y desaparición forzada, en donde se ven involucrados diversos actores como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, los carteles de la droga, los grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, la Policía y el Ejército de Colombia, así como las facciones políticas del orden local y regional.

ACERCA DE LA IMPUNIDAD

Aunque casi siempre el común de los colombianos solemos confundir los términos, existe una gran diferencia entre LEY y JUSTICIA. La ley, en lenguaje coloquial, se crea para que invisiblemente, como el Espíritu Santo, esté en todas partes regulando conductas y comportamientos de las personas. La justicia… bueno, la justicia surge de la aplicación de la ley. Si la ley es invisible, la justicia debe ser ciega. Sin embargo, en la Colombia actual y en la de todos los tiempos, se ha impuesto que los ciegos sean los administradores de justicia. Es que no pasa día sin que los medios de comunicación den cuenta del hecho –ya no extraordinario- de un delincuente que es capturado en flagrancia por la comisión de cualquier delito y a los pocos minutos es puesto en libertad gracias a la acuciosidad de un abogado defensor que encuentra la manera de recordarle al juez de conocimiento que existen los tecnicismos y otras arandelas de las que se puede echar mano para no complicarse la vida. La vida jurídica del caso, claro está. Los que todavía perdemos el tiempo con los noticieros radio y televisión fingimos asombro ante esas situaciones. Sin embargo, la impunidad ya no asombra a nadie en este país del Sagrado Corazón.